Control de las ganancias

La idea de proceder a regular las ganancias "excesivas" de las empresas privadas,  a través de medidas poco aceptadas en general en la economía, como es el control de precios, no es ni nueva, ni mucho menos exclusiva de la sufrida Venezuela de Nicolás Maduro.

Existen diversas razones que, afincadas en la teoría económica y en las diversas realidades políticas, que hacen que las autoridades de los países (incluso los más capitalistas) tomen la decisión de que, en determinadas ocasiones deben intervenirse en la rentabilidad de ciertos negocios o actividades específicas.

 Es interesante ver que, recientemente, la idea de imponer un límite legal a las ganancias privadas fue discutida con peculiar intensidad en muchos países del mundo, aunque con distintos resultados.

El líder de la oposición británica David Milliband, estableció el compromiso de que, si el partido laborista que representa volvía al poder en 2015, serían congeladas las tarifas que las empresas privadas de energía cobran a los ciudadanos.

Suiza realizó (apenas en noviembre pasado) un referendo, con una propuesta para el establecimiento de límites a los salarios de los ejecutivos; la misma fue derrotada por el 65% de los votantes.

En Estados Unidos, existen distintas agencias regulatorias que controlan los precios cobrados por las empresas de servicios públicos.

No obstante, en la mayoría de los casos, dicha regulación está limitada a casos excepcionales en que se evidencia alguna situación monopolizadora; en los que la ausencia de una competencia hace imprescindible la intervención del Estado a fin de evitar abusos por parte de empresas que gozan de esa situación. Podríamos citar como el caso más típico, en el que se justifica totalmente una intervención estatal es el de los negocios llamados monopolios naturales, en que la naturaleza misma de la actividad impide la existencia de una competencia, como en el caso de servicios de suministro de aguas vía acueducto a una ciudad, en la que no sería práctico la instalación por separado de tuberías de varias firmas en una misma calle, compitiendo por clientes. Puesto que lo más probable es que sólo exista una empresa prestando el servicio, el Estado procede a regular sus ganancias, impidiendo (y con toda justicia, dicho sea de paso) que sus cobros sean por encima de un monto específico. De esta forma se evita que la empresa use su ventajosa condición de monopolio como medio de explotación de los clientes.