Brasil licita operación de carreteras | Análisis Fundamental y Técnico | Foro

En una jornada interesante, pudimos conocer que cinco grupos brasileños (dos consorcios y tres empresas) se disputarán las concesiones por medio de las cuales el gobierno cederá los derechos para la operación y mantenimiento de tres tramos de carreteras federales en Brasil.

El ganador de la subasta hará uso del derecho a la explotación por 30 años de extensiones de las carreteras BR-163, BR-153 y BR-262, que están tendidas uniendo a 47 ciudades del centro del país, con una suma de 1.176 kilómetros.
Ya fueron entregadas las respectivas propuestas por parte de los interesados, para la subasta que será otorgada a la empresa que se comprometa a cobrar unas menores tarifas de peaje, por debajo del límite establecido por el Gobierno en 5,94 reales, aproximadamente 2,58 dólares por cada 100 kilómetros de caminos.
La subasta se realizará en la Bolsa de Valores de Sao Paulo, y será efectuada entre las empresas Triunfo Participaciones e Inversiones, CCR e Invepar, inscritas individualmente, y los consorcios Rodovias Federais 2013 y Vía Capital.
El primer consorcio es liderado por empresas vinculadas con la constructora Queiroz Galvao; el segundo reunirá a compañías como Ecorodovias, Coimex, Río Novo Locaçoes, Contek Engenharia y Urbesa.
El trecho de la BR-262 a conceder es de 546 kilómetros, entre su cruce con la carretera federal BR-153 y la ciudad de Betim, municipio del área metropolitana de Belo Horizonte, capital del estado de Minas Gerais.
El vencedor de la subasta administrará asimismo 630 kilómetros de la BR-153 en el estado de Minas Gerias entre las fronteras con Goiás y el límite con Sao Paulo y de la BR-060, que pasa por Brasilia.
Esta será la cuarta subasta de concesión de carreteras organizada por el Gobierno dentro del Plan de Inversión Logística (PIL).
El consorcio Planalto se adjudicó en septiembre los derechos de explotación de un tramo de la carretera federal BR-050 entre los estados de Goiás y Minas Gerais.
La primera subasta fue cancelada por falta de interesados. Ese impasse obligó al Gobierno a modificar el cronograma de subastas y a modificar algunas normas de la licitación, para aumentar el interés de los inversores.
El PIL comprende la concesión de nueve importantes tramos de carreteras federales, y obliga a las concesionarias a invertir 51.600 millones de reales, más o menos US$23.450 millones en la ampliación y modernización de las vías.