Escándalo en Petrobras. Parte I

Cada vez que desaparece de las noticias el escándalo de corrupción en la mayor empresa de América Latina, la petrolera estatal brasileña Petrobras, regresa con mayor fuerza cada vez que descubren otro implicado o nueva implicación. El caso se está convirtiendo en un obstáculo creciente, hasta llegar al punto de interferir seriamente con el programa de reactivación de la presidenta Dilma Rousseff. Esto repercute logicamente con el pacto social que sustenta al país, incluso pudiendo verse comprometida su gobernabilidad.

Los tribunales han venido investigando desde hace ya cerca de un año una complicada maraña de contratos fraudulentos, sobrefacturaciones, sobornos y lavado de dinero que comenzó a conformarse desde ya hace años, y que pareciera haber convertido a Petrobras en una enorme financiera que sirve de vehículo para recibir dinero de las empresas y traspasarlo a conspicuos miembros de la casta política que maneja y controla el gobierno, el Parlamento y los partidos políticos.

Entre los resultados de la investigación, se cuenta con la identificación, hasta el momento, de pagos con características cuestionables por cerca de US$9.100 millones, entre 2011 y 2014, tratándose del mayor escándalo de corrupción en la historia del Brasil.

El caso toma un giro inesperado cuando un ejecutivo de la petrolera estatal que fue arrestado por la policía federal, hizo un trato en el cual a cambio de clemencia suministró los nombres de numerosos implicados. Esta lista incluye a ejecutivos de los niveles más altos de seis de los mayores conglomerados de ingeniería y construcción de Brasil, que son contratistas habituales de Petrobras, y a una gran cantidad de miembros de las autoridades, altos funcionarios y ex funcionarios de gobierno, siendo en su gran mayoría miembros del gobernante Partido de los Trabajadores (PT). Hay que destacar que estos delitos, fueron iniciados durante el periodo presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva, cuando la actual presidenta Dilma Rousseff era ministra de Energía y, por lo tanto, responsable en última instancia de Petrobras. Al declarar los investigadores federales allá en 2009 la posibilidad de que existieran actos de corrupción en la petrolera estatal, la actual presidenta refutó la acusación desde su cargo ministerial.

Y como siempre los daños colaterales han repercutido como una onda expansiva proporcional al tamaño del escándalo: las acciones de Petrobras se desplomaron en un 65% desde septiembre a mediados de enero de 2015, lo que tiene furiosos a los accionistas minoritarios, contando varios fondos internacionales y otros inversionistas institucionales. La ciudad de Providence, en Rhode Island, Estados Unidos, ha presentado una demanda ante los tribunales de Nueva York, y la Securities and Exchange Commission (SEC), que es la entidad reguladora del mercado de valores de EE.UU. está investigando si Petrobras ha violado las leyes norteamericanas.

Toda una historia!